Muchos paradigmas se reformularán y cambiarán superada esta pandemia, queremos aportar como académicos para que los cambios que se instalen hagan sinergia por un mundo más justo, libre y sustentable y no que profundicen desigualdades, exclusiones y depredación socioeconómica de pueblos y sectores que se verán más afectados.
En este contexto los abajo firmantes expresamos lo siguiente.
Visto:
- La crisis sanitaria que se instaló en el país a partir de marzo de 2020 a raíz de la propagación del COVID 19 y la declaración de pandemia por parte de la OMS.
- Los impactos sociales y económicos que ya se registran, así como su agravamiento – con certeza – en los próximos meses.
- La vulnerabilidad de sectores que viven de ingresos fluctuantes y no de salarios, que los sitúa rápidamente en la indigencia.
- Las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional tendientes a mitigar dichos impactos – sobre todo – en los sectores sociales más vulnerables.
Considerando:
- Que a nivel nacional e internacional se cuenta con suficiente conocimiento social especializado sobre la instalación de una renta básica.
- Que varios actores políticos (gobierno y oposición) y sociales (Intersocial) han puesto en agenda la necesidad de aumentar las transferencias monetarias por el período de crisis, entre otras medidas.
- Que organizaciones sociales, ONG, sindicatos, agremiaciones, iglesias, cooperativas han comenzado a desarrollar dispositivos de apoyo como ollas populares que complementan las políticas públicas.
- Que se abre la oportunidad de poder experimentar en el período de crisis, implementando una renta básica (piloto) como modalidad de transferencia monetaria universal e incondicionada.
Manifestamos:
- Nuestro acuerdo en la necesidad de aumentar las transferencias monetarias en el período de crisis.
- La necesidad de concentrar todos los esfuerzos de respuesta a la situación económica y social en una transferencia monetaria universal e incondicionada,sustentada por una propuesta concreta de financiamiento que sea consistente con el propósito de atender –en primer lugar– la situación de los más perjudicados (sin perder de vista su papel en los procesos de distribución y universalización de los derechos sociales y económicos) y fundada en el reparto equitativo del esfuerzo fiscal.
- Proponer la implantación progresiva de una Renta Básica Universal e Incondicional, en tanto ésta tiene muchas ventajas de impacto económico y social, que la literatura nacional e internacional ha detallado. Interesa hacer mención a que esta medida evita la estigmatización, permite la transparencia y asegura altos niveles de eficiencia y, por otro lado, cubrir necesidades básicas y ayudar a dinamizar la economía nacional.
- Asumir el compromiso de definir a corto plazo, las características de esta medida, tanto en su monto, plazo de vigencia, financiamiento, aplicación, entre otros aspectos operativos.
- Coordinar con todos los actores sociales, políticos y académicos a los efectos de sumar y lograr los más amplios consensos en torno a las medidas más adecuadas en esta difícil coyuntura.
Finalmente sostenemos que esta coyuntura se constituye como una oportunidad histórica de modo a considerar la viabilidad de un nuevo pilar de protección social en el sistema, ampliando el Estado social sobre la base de una propuesta “económicamente viable y éticamente deseable a la vez” al decir de Philippe Van Parijs.
Por la Red Renta Básica de la UDELAR:
Docentes e Investigadores
Andrés Blanco,
José Miguel Busquets
Andrea Dellbono
César Failache
Héctor López
Christian A. Mirza
Nelson Villarreal
Montevideo, 29 de marzo de 2020